En una inusual contratación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adjudicó un suministro de computadores y 22 días más tarde adicionó el contrato para adquirir otro lote de los mismos equipos pero a precios que superan hasta el 68 por ciento del valor inicial.

La situación fue advertida por la Contraloría General de la República (CGR) en su más reciente auditoría, en la que también cuestionó la singular contratación.

Se trata del contrato 542 suscrito por la SIC el 25 de noviembre de 2014, cuyo objeto fue la “adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución integral de hardware y software para la Red Nacional del Consumidor y la Superintendencia de Industria y Comercio”.

El contrato fue suscrito por la Secretaria General de la SIC, Angela María Acuña Porras, con la Unión Temporal Mcycia-GTS 050, representada por Luis Alejandro Moreno Rivas e integrada por Moreno Cañizares y Cía SAS (60%) y Technology Services GTS S.A, con plazo de ejecución del 2 al 31 de diciembre.

La contratación tuvo un costo de 1.879 millones 331 mil pesos y contempló el suministro de 85 computadores de escritorio ($2.200.000 c/u); 120 herramientas teletrabajo ($2.436.000 c/u); 140 portátiles ($2.220.000 c/u); 225 licenciamientos office ($1.938.360 c/u); un servidor Oracle y licencia ($281.880.000); 3 servidores Blade y licenciamiento ($83.520.000 c/u) y servicios por $120.640.000.

Luego, el 24 de diciembre el contrato fue adicionado en la suma de 339 millones 329 mil pesos, para aumentar el suministro de equipos.

Lo que llama poderosamente la atención es que ahora, 22 días después, los mismos equipos tienen un mayor valor.

En efecto, la adición contempló el suministro de 20 portátiles por valor unitario de $3.132.000; 28 computadores personales por $3.172.000 c/u; 53 licencias office por $2.978.000 c/u más el servicio de instalación por $14.442.000.

Esto significa que, en un abrir y cerrar de ojos, los portátiles aumentaron de precio en $912.000 c/u (41,08%); los computadores personales en $1.512.000 c/u (68,72%) y las licencias office en $1.048.000 c/u (54,09%).

En otras palabras, la Superintendencia de Industria y Comercio, en cabeza de Pablo Felipe Robledo Del Castillo, de la noche a la mañana, pagó aumentos por $18.240.000 en el caso de los portátiles, $42.236.000 en los computadores personales y $55.100.920 por las licencias office, lo que representa un valor adicional por reajuste en el valor de los equipos, en tan solo 22 días, equivalente a $115.676.920.

La CGR cuestionó esta situación señalando que “las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un proceso de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, entre otras”.

A juicio del ente fiscal, la situación descrita “denota deficiencias en la planeación al no establecer adecuadamente la necesidad de la entidad, lo cual implicó adicionar el contrato y pagar un mayor valor de $115.6 millones, contraviniendo los principios de eficiencia, eficacia, economía y planeación, estudios previos, constituyéndose en hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal”.